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Seis oficiales de Policía de Honduras acusados por Tráfico de Drogas

Corte manha

La Corte de Manhattan a través de su Procurador anunció los cargos contra seis miembros de la Policía Nacional de Honduras por tráfico de drogas y armas de fuego Delitos Relacionados

Son seis oficiales de policía de Honduras que según las investigaciones supuestamente conspiraron con el hijo del ex presidente de Honduras para importar cocaína a los Estados Unidos. Preet Bharara, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Mark Aldea, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de los Estados Unidos Drug Enforcement Administration ( “DEA”), anunció que seis miembros de la Policía Nacional de Honduras, es decir, la Policía Nacional de Honduras, fueron acusados hoy en día en corte federal de Manhattan en una Acusación Reemplazando de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y de armas de fuego delitos conexos.

La acusación dice lo siguiente:

Los seis acusados son Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores, y Jorge Alfredo Cruz Chávez. El caso está pendiente ante el juez de distrito EE.UU. Lorna G. Schofield, ante el cual co-demandada Fabio Porfirio Lobo, el hijo del ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se declaró culpable de un delito relacionado con el tráfico de drogas el 16 de mayo de 2016.

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Procurador EE.UU. Preet Bharara de Manhattan, dijo: “Hoy en día, que carga los seis agentes de la Policía Nacional de Honduras de participar en una conspiración masiva el tráfico de drogas que supuestamente inundó los Estados Unidos con cocaína. Como se alega, a través de sobornos a funcionarios públicos y la información sobre las investigaciones en curso y puestos de control policiales filtrado, estos acusados acordaron garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína a través de las selvas de Honduras en su camino hacia las ciudades norteamericanas. Agradecemos a la DEA por su trabajo en esta investigación importante lucha contra las drogas “.

De acuerdo con las alegaciones contenidas en la acusación formal relevante [1], otros documentos de la corte, y las declaraciones hechas durante los procesos judiciales:

Entre aproximadamente 2004 y aproximadamente 2014, múltiples organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y otros países trabajaron juntos, y con el apoyo de los demandados y otros, para recibir las cargas de varios cientos de kilogramos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de las rutas aéreas y marítimas , y para transportar la droga hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los Estados Unidos. incluyendo algunos miembros de la Policía Nacional de Honduras – –

Ellos colaboraron para proteger y evitar la interferencia oficial, y facilitaron el paso seguro a través de Honduras de cargas de varios cientos de kilogramos de cocaína, los narcotraficantes sobornos a funcionarios públicos pagadas por el acceso a la información sobre el curso investigaciones, controles militares y policiales, y las prohibiciones previstas narcóticos. El gobierno de Honduras declaró recientemente una “situación de emergencia” con respecto a la Policía Nacional de Honduras, y estableció una Comisión Especial con autoridad para investigar la corrupción y despedir o suspender a miembros de la Policía Nacional, entre otras sanciones. A partir de la presentación de esta Acusación Reemplazando, la Comisión Especial ha sancionado a varios miembros de la Policía Nacional de Honduras.

Los acusados eran miembros de la Policía Nacional de Honduras que participaron y apoyaron las actividades de tráfico de drogas  según declaró Lobo. A principios de 2014, Lobo estuvo de acuerdo en proporcionar seguridad y apoyo logístico para el transporte a través de Honduras de una carga de varias toneladas de presunta cocaína que Lobo cree que pertenecía al cártel de Sinaloa y que sería importada a los Estados Unidos. Lobo acordó proporcionar esta asistencia en el entendimiento de que recibiría ganacias por un valor de más de $ 1 millón de dólares. En o alrededor de junio de 2014, Lobo introdujo dos individuos de los narcotraficantes mexicanos a los que presentó a los seis acusados. Durante una reunión, los acusados mostraron un mapa de Honduras y los puestos de control policiales ilustrados y una ruta planificada para transportar la cocaína. Durante la misma sesión, los acusados acordaron aceptar un soborno en la cantidad de aproximadamente $ 100.000, y para pagar a sus subordinados un total de aproximadamente $ 200.000 en sobornos adicionales, con el fin de proporcionar seguridad armada para el paso de  la cocaína que transitó por Honduras * *

Zelaya Romero, de 39 años, Mejía Vargas, 46, Ávila Meza, de 45 años, Zavala Velásquez, de 44 años, López Flores, de 43 años, y Cruz Chávez, de 39 años, han sido acusados cada uno de: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y (2) conspirar para usar y llevar armas de fuego durante y en relación con, y poseer armas de fuego en cumplimiento de, la conspiración de cocaína a la importación. Zelaya Romero también está acusado de usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos. Si es declarado culpable, Zelaya Romero enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, y los restantes acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Los acusados siguen en libertad.

Lobo, que fue detenido en la República de Haití el 20 de mayo de 2015 y llegó a los Estados Unidos el 21 de mayo de 2015, se declaró culpable ante el juez Schofield el 16 de mayo de 2016, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Lobo está programado para ser sentenciado el 15 de septiembre de 2016, y se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Las posibles penas mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritos por el Congreso y proporcionan aquí con fines informativos solamente, ya que cualquier condena de los acusados será determinado por el juez.

El Sr. Bharara elogió el trabajo de investigación sobresaliente de la División de Operaciones Especiales de la DEA y el Departamento de la Oficina de Asuntos Internacionales de Justicia EE.UU., por su ayuda en curso.

Este caso está siendo manejado por el Terrorismo de la Oficina y Unidad Internacional de Narcóticos. Asistente de EE.UU. abogados Emil J. Bove III, Matthew J. Laroche, y Michael D. Lockard están a cargo de la acusación.

Los cargos en la acusación formal relevante son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

 

Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Members Of The Honduran National Police For Drug Trafficking And Related Firearms Offenses

Six Honduran Police Officers Allegedly Conspired With the Son of the Former President of Honduras to Import Cocaine into the United States

Preet Bharara, the United States Attorney for the Southern District of New York, and Mark Hamlet, Special Agent in Charge of the Special Operations Division of the United States Drug Enforcement Administration (“DEA”), announced that six members of the Pólicia National de Honduras, i.e., the Honduran National Police, were charged today in Manhattan federal court in a Superseding Indictment with conspiring to import cocaine into the United States and related firearms offenses.  The six defendants are Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez, Victor Oswaldo Lopez Flores, and Jorge Alfredo Cruz Chavez.  The case is pending before U.S. District Judge Lorna G. Schofield, before whom co-defendant Fabio Porfirio Lobo, the son of former Honduran president Porfirio Lobo Sosa, pled guilty to a related drug-trafficking crime on May 16, 2016.

Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara said: “Today, we charge six officers of the Honduran National Police with participating in a massive drug trafficking conspiracy that allegedly flooded the United States with cocaine.  As alleged, through bribes to public officials and leaked information about ongoing investigations and law enforcement checkpoints, these defendants agreed to ensure the safe passage of tons of cocaine through the jungles of Honduras on their way to American cities.  We thank the DEA for their work in this important drug enforcement investigation.”

According to the allegations contained in the Superseding Indictment[1], other court filings, and statements made during court proceedings:

Between approximately 2004 and approximately 2014, multiple drug-trafficking organizations in Honduras and elsewhere worked together, and with support from the defendants and others, to receive multi-hundred-kilogram loads of cocaine sent to Honduras from Venezuela and Colombia via air and maritime routes, and to transport the drugs westward in Honduras toward the border with Guatemala and eventually to the United States.  For protection from official interference, and in order to facilitate the safe passage through Honduras of multi-hundred-kilogram loads of cocaine, drug traffickers paid bribes to public officials – including certain members of the Pólicia National de Honduras – for access to information about ongoing investigations, military and law enforcement checkpoints, and planned narcotics interdictions.  The Honduran government recently declared an “emergency situation” with respect to the Pólicia National de Honduras, and established a Special Commission with authority to investigate corruption and dismiss or suspend members of the National Police, among other sanctions.  As of the filing of this Superseding Indictment, the Special Commission has sanctioned several members of the Pólicia National de Honduras.

The defendants were members of the Pólicia National de Honduras who participated in and supported the drug-trafficking activities of, among others, Lobo.  In approximately early 2014, Lobo agreed to provide security and logistical support for the transportation through Honduras of a purported multi-ton load of cocaine that Lobo believed belonged to Mexico’s Sinaloa Cartel and would be imported into the United States.  Lobo agreed to provide this assistance on the understanding that he would receive a financial stake in the cocaine worth over $1 million in profits.  In or about June 2014, Lobo introduced two individuals that he understood to be Mexican drug traffickers to the six defendants.  During a meeting, the defendants displayed a map of Honduras and illustrated law enforcement checkpoints and a planned route for the cocaine.  During the same meeting, the defendants each also agreed to accept a bribe in the amount of approximately $100,000, and to pay their subordinates a total of approximately $200,000 in additional bribes, in order to provide armed security for the cocaine as it transited Honduras before being imported into the United States.

*                *                *

Zelaya Romero, 39, Mejia Vargas, 46, Avila Meza, 45, Zavala Velasquez, 44, Lopez Flores, 43, and Cruz Chavez, 39, have each been charged with:  (1) conspiring to import cocaine into the United States, and (2) conspiring to use and carry firearms during and in relation to, and to possess firearms in furtherance of, the cocaine-importation conspiracy.  Zelaya Romero is also charged with using and carrying machine guns and destructive devices during and in relation to, and possessing machine guns and destructive devices in furtherance of, the cocaine-importation conspiracy charged in the Superseding Indictment.  If convicted, Zelaya Romero faces a mandatory minimum sentence of 40 years in prison and a maximum term of life in prison, and the remaining defendants face a mandatory minimum sentence of 10 years in prison and a maximum term of life in prison.  The defendants remain at large.

Lobo, who was arrested in the Republic of Haiti on May 20, 2015, and arrived in the United States on May 21, 2015, pled guilty before Judge Schofield on May 16, 2016, to conspiring to import cocaine into the United States.  Lobo is scheduled to be sentenced on September 15, 2016, and faces a mandatory minimum sentence of 10 years in prison and a maximum term of life in prison.

The potential mandatory minimum and maximum sentences in this case are prescribed by Congress and provided here for informational purposes only, as any sentencing of the defendants will be determined by the judge.

Mr. Bharara praised the outstanding investigative work of the Special Operations Division of the DEA, and the U.S. Department of Justice’s Office of International Affairs, for their ongoing assistance.

This case is being handled by the Office’s Terrorism and International Narcotics Unit.  Assistant U.S. Attorneys Emil J. Bove III, Matthew J. Laroche, and Michael D. Lockard are in charge of the prosecution.

The charges in the Superseding Indictment are merely accusations, and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.



Una Respuesta a “Seis oficiales de Policía de Honduras acusados por Tráfico de Drogas”

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